El día lunes 6 de octubre cumplí con un compromiso personal y cívico. Fui al homenaje nacional por las víctimas del terrorismo.
Me impresionó ver los carteles con las fotos y nombres de las víctimas, la mayoría de ellas asesinadas en democracia. No quiero con esto decir que no las hubo durante la dictadura. Recordemos que en la sentencia del juicio a las juntas militares se afirma que desde 1969 a 1979 se cometieron 21642, aunque se asegura que fueron 21655 atentados terroristas y 1501 asesinatos más otros tantos miles de secuestros.
He sufrido mucho por las víctimas de esos años, tanto los miles de asesinados y desaparecidos por el gobierno militar como por estas víctimas que también fueron secuestradas, torturadas, masacradas y hoy casi 35 años después siguen olvidadas por una justicia y un gobierno que al parecer no consideran una violación a los derechos humanos ni un crimen de lesa humanidad los actos terroristas que sí son considerados delitos de lesa humanidad e imprescriptibles por el derecho internacional y la jurisprudencia. El Estatuto de Roma en su artículo 7º afirma que un delito de lesa humanidad puede provenir de parte del estado o de una organización, asimismo hay fallos que así lo aseguran, pero nuestra Corte no adhiere a esta posición contrariando una tendencia mundial que gana posiciones día a día.
¿Por qué un asesinado o desaparecido por parte de los agentes del estado merece una indemnización justa y su victimario las penas más severas y las víctimas asesinadas por el terrorismo subversivo no tienen derecho a nada y sus victimarios no solo están libres sino que ocupan cargos gubernamentales?
Es mucho más inmoral que alguien en representación del estado viole las leyes teniendo a su cargo el aparato y los instrumentos estatales pero también es inmoral e injustificado que alguien que formó parte de organizaciones terroristas que mataron sin ningún límite quieran hacernos creer que luchaban por un mundo más igualitario y justo mientras asesinaban a quien no pensara como ellos y ahora se resguarden en el régimen republicano y democrático cuando décadas atrás lo quisieron abolir por un régimen marxista-leninista.
No hay razón legal ni legal para dejar olvidados a estos miles de familiares cuyos padres, madres, hijos y hermanos han sido descuartizados por las bombas de estos seres inhumanos que violaron los principios esenciales de la dignidad humana al igual que hicieron después quienes tomaron el poder y fueron mediante el decreto de un gobierno democrático, alentados a exterminar y aniquilar el accionar subversivo con todas las circunstancias que ya conocemos y que cubrieron de sangre todo el Territorio Nacional.
Alejandro Olmedo Zumarán.
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