El niño por nacer se convierte en el ser humano más discriminado del planeta, al extremo que su vida puede ser eliminada legalmente, cuando la portadora por el mero hecho de disponer de su cuerpo, puede suprimir la vida de ese indefenso ser.
Al mismo tiempo, en el trágico presente de la Argentina, se discute si los menores de edad deben ser responsabilizados penalmente por sus crímenes.
La teoría políticamente correcta, estipula que bajar la edad de la imputabilidad de los menores no solucionará este grave problema.
Por otro lado, como ocurre habitualmente en nuestro país, cuando de valores morales se trata, ni los que están de acuerdo se ponen de acuerdo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revocado un fallo de la Cámara de Casación que ordenaba liberar a sesenta menores detenidos en el Instituto San Martín.
Los críticos señalan que dicho fallo es aberrante porque la Ley de Minoridad 22.278 fue sancionada en 1980 durante la dictadura y determina que los menores de 14 a 16 años son considerados inimputables en la Argentina, no obstante lo cual faculta a los jueces a internar a los chicos de esa edad que delinquen, en Institutos que mantienen a dichos menores privados de su libertad, violando su derecho de defensa.
Por otro lado, los defensores del fallo de la Corte Suprema, sostienen que no se puede liberar estos chicos dado que al volverlos a la calle serían blanco de los móviles del gatillo fácil que existe en la Argentina.
¡Qué contradicción enorme y desmesurada!
Si volvemos a la comparación inicial los adolescentes que roban, secuestran, torturan, trafican droga, violan y matan mantienen en vilo a abogados, jueces y defensores de derechos humanos que bregan para que se respete su derecho a la defensa, su derecho a la vida y que sean inimputables penalmente, mientras "El niño por nacer", que ni siquiera puede opinar, es eliminado lisa y llanamente de este mundo.
En la antigüedad se mataba a los que nacían enfermos. En estos días ni siquiera algunos pueden nacer argumentando los derechos de un tercero, pero al mismo tiempo se hace lo posible, y es correcto que se haga, por proteger los derechos de adolescentes que repito, roban, secuestran, torturan, trafican drogas, violan y matan.
Está muy bien que se respeten sus derechos y se haga todo lo posible para reintegrarlos a la sociedad para que en algún momento puedan estudiar, trabajar, tener una familia y vivir dignamente.
¿En concreto qué se ha hecho por parte de los funcionarios y autoridades nacionales para solucionar el problema de la delincuencia juvenil?
Nada se ha hecho, es la respuesta, si tomamos en cuenta los hechos delictivos que llegan a nuestro conocimiento no solo por los medios sino en forma directa, porque a esta altura todos o casi todos hemos sido víctimas de algún daño, o conocemos a alguien que ha sido víctima de estos crímenes.
Los argumentos de que el egoísmo de una sociedad cruel es el creador de éstas almas descarriadas y que bajar la edad de imputabilidad de los menores nada solucionará, tampoco parecen ser una solución.
La delincuencia juvenil ha aumentado y seguirá incrementándose mientras estos menores delincuentes tengan la seguridad de que entrarán por una puerta y saldrán por la otra ya sea de un instituto o directamente del lugar donde estén temporariamente alojados.
Mientras el sistema siga creando en la población la sensación que todo lo relacionado con la autoridad y las fuerzas de orden es malo, esto no tendrá solución.
No sería extraño pensar que dentro de poco tiempo se plantease el tema de abolir las cárceles, los procesos penales y hasta el Código Penal que en la práctica ni se aplica.
Cuándo hablamos de esta manera con distintos grupos nos califican de ser partidarios de la mano dura y de querer agravar las penas, argumentos poco sustentables que no se ajustan a la realidad ya que lo que solicitamos es que se aplique la ley escrita, como por ejemplo el casi derogado Código Penal y la Constitución Nacional.
Mientras desde los escritorios, los funcionarios que tienen seguridad pagada por el estado proveniente del dinero de los contribuyentes se evalúen soluciones y se expongan teorías absurdas sobre los motivos de la delincuencia juvenil, ningún tipo de delincuencia disminuirá.
Al parecer ocupan su tiempo en legalizar que no nazcan niños eliminándolos bárbaramente, sin hacer nada valioso por los menores delincuentes y menos por sus víctimas, que aumentan día a día.
¿Hacia dónde vamos?
Quien tenga la respuesta seguramente deberá confrontarla con la triste realidad que nos sumerge en la mas lamentable de las desesperanzas.
Alejandro Olmedo Zumarán.
