martes, 3 de mayo de 2011

FUE UNA GUERRA. SOBRE EL EDITORIAL DEL DIARIO LA NACIÓN DEL 2/5. (ABAJO DE LA OPINIÓN)

El editorial publicado el 2/5 titulado: "Cafiero y los sucesos de los 70" expresa que nuestra justicia "debe determinar en cada caso individual, si el conflicto violento que azotó a la Argentina en la década de los años 70 constituyó, o no, un conflicto armado interno"
Asimismo se publican declaraciones de Antonio Cafiero en la causa que investiga el asesinato del Coronel Argentino del Valle Larrabure a manos de los terroristas durante un gobierno democrático que afirma qué lo que ocurrió en el país en los años 70 fue un ataque sistemático a la población civil para imponer un plan criminal. Más allá de que abundan documentos y que todos los órganos de prensa terroristas como las Revistas "Militancia", "El Combatiente" y "Estrella Roja" expresaban que en Argentina había una guerra, aconsejo a los representantes de la justicia leer los párrafos de la Sentencia de la Exelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal contra los Comandantes militares en la causa 13 que sostienen:
En el Capítulo I “De los hechos” la Cámara dice lo siguiente: “En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios de clasificación expuestos el fenómeno se correspondió con el concepto de ‘guerra revolucionaria.”
En otro párrafo, la Cámara señala: “Debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado.”
Alejandro Olmedo Zumarán.

Nuestra Justicia debe determinar, en cada caso individual, si el conflicto violento que azotó a la Argentina en la década de los años 70 constituyó, o no, un conflicto armado interno. Para algunos, se trató tan sólo de enfrentamientos inorgánicos, esporádicos y aislados. Para otros, en cambio, habría existido un ataque masivo y sistemático a la población civil. Si hubiera sucedido lo primero, los delitos cometidos por la guerrilla podrían haber sido delitos comunes y podrían, por ende, estar prescriptos. Si, en cambio, se hubiera tratado de un conflicto armado interno, los crímenes serían delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

La cuestión sigue estando abierta y presumiblemente lo estará hasta que nuestra Corte Suprema se pronuncie claramente sobre la cuestión. No obstante, hay fallos que comienzan a analizar, sin la profundidad requerida, el delicado tema. Por ejemplo, la decisión de la Cámara de Casación Penal (sala I) recaída recientemente en la causa que investiga la participación de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky y otros en el aberrante atentado perpetrado contra la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, en julio de 1976, como consecuencia del cual fallecieran 24 policías y quedaran heridos graves otros 74 efectivos de ambos sexos. En esta causa, aún no concluida, los magistrados actuantes entendieron que en los 70 no habría habido en la Argentina conflicto armado interno alguno, sino meros enfrentamientos desorganizados, aislados y esporádicos.

No obstante, recientes declaraciones formuladas por el doctor Antonio Cafiero en la causa que investiga la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure parecerían, por su contundencia, sugerir todo lo contrario. Larrabure fue secuestrado en agosto de 1974 en la Fábrica Militar de Villa María Córdoba y, tras soportar un calvario de más de un año, en el que fue vejado en una de las llamadas "cárceles del pueblo", fue asesinado por sus captores, que pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Entre otras declaraciones de peso, Cafiero señaló que la guerrilla setentista respondía a "una ideología revolucionaria, en tanto pretendía cambiar el orden jurídico constitucional del país". Destacó, además, que "las organizaciones guerrilleras hacían de la violencia el instrumento fundamental de su acción" y que incrementaron su accionar y adiestramiento durante el gobierno constitucional y que "se puede suponer" que hubo algún país (Cuba) que ayudó a la guerrilla. Sostuvo que "si triunfaba la guerrilla hubiera habido una dictadura" y que en un país gobernado por guerrilleros "no habría quedado espacio para vivir en república o democracia".

En su declaración, el ex ministro de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez confirmó asimismo que en los 70 hubo "entrismo", que consistía en que "estas organizaciones guerrilleras trataban de penetrar en los cuadros políticos y gremiales del partido peronista", agregando que sus fines eran "dejar de lado los viejos principios del peronismo" y "la adopción del marxismo como sistema central de ideas". Ese grupo, según Cafiero, contaba con unos treinta diputados y varios gobernadores.

Sobre la muerte de José Ignacio Rucci, expresó su sospecha de que fue muerto por Montoneros, de la misma manera que el padre Carlos Mujica, de quien dijo que "me vino a visitar muy preocupado, porque tenía noticias que lo querían matar quince días antes que lo mataran", porque "se había desprendido de su adicción a la violencia".

Consultado si creía que las organizaciones guerrilleras realizaron un ataque sistemático a la población civil para imponer un plan criminal, Cafiero respondió rotundamente que pensaba que "eso ocurrió así", lo que constituye un testimonio clave, que no debería pasar inadvertido.

A eso cabe sumar su afirmación de que "cuando veía que atacaban cuarteles y militares, a Perón eso le sonaba que era el preludio de atacar directamente la existencia misma de la República".

El ex ministro también agregó que los sucesos que vivió eran "una posguerra civil" y que "es muy difícil meterse en la cabeza de un guerrillero, que está generalmente educado para lo inmediato y no guiado por ningún tipo de ejercicio moral o ejercicio humano. Si hay un rasgo que distingue o distinguió a la guerrilla -añadió- fue su falta de humanidad".

Se trata de importantes declaraciones de un actor protagónico central en los años 70, que nuestra Justicia debería tomar en consideración para definir una cuestión que debería ser investigada en profundidad por los magistrados actuantes en las causas respectivas. Esta es su responsabilidad histórica. Más allá de los temores, posibles intimidaciones o suspicacias, ése y no otro es el excelso deber de los magistrados. Porque el derecho a la verdad y a la justicia debe abarcar a todos los argentinos, sin exclusión alguna.

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