sábado, 7 de marzo de 2009

GOBIERNO VS. CORTE.

Una grave polémica se ha producido entre la presidenta de la Nación y la cortesana Carmen Argibay. Fiel al su política de estado tendiente a defender los derechos humanos de las víctimas de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983 la presidenta demanda a la justicia celeridad en las causas iniciadas contra los militares y la ministra responde que el máximo tribunal ha hecho mucho a pesar de la falta de estructura y presupuesto.
Pero ni una ni la otra han hecho nada por las víctimas del terrorismo subversivo de los 70 cuyas violaciones a los derechos humanos se perpetraron en su gran mayoría durante gobiernos constitucionales. Ni siquiera han comenzado a juzgar a ningún responsable refrendando esto por la resolución 158/07 del actual Procurador General de la Nación (ex ministro del interior del gobierno de H. Cámpora y uno de los responsables de la amnistía a los terroristas y delincuentes comunes el 25/5/73) que prohibe a los fiscales declarar los crimenes del terrorismo subversivo como delitos de lesa humanidad después que el Fiscal General Claudio Palacín declarara como tal el aberrante crimen del Coronel Argentino del Valle Larrabure que expone a la Argentina ante el mundo como un Estado protector del terrorismo.
Hay dos axiomas para calificar a una justicia como seria el primero es que una justicia lenta no es justicia y el segundo que una justicia selectiva que se aplica a unos sí y a otros no tampoco es justicia asimismo este último disparate viola nuestro artículo 16 de la Constitución Nacional según el cual todos somos iguales ante la ley.

Alejandro Olmedo Zumarán.

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