Desde que el 28 de junio el presidente de Honduras Manuel "Mel" Zelaya fue destituido y expulsado del país en pijama, la situación se ha vuelto muy tensa en la región.
Por lo que estamos viendo, la Comunidad Internacional mediante los presidentes de diferentes países, los Organismos Internacionales y el periodismo en general defienden firmemente la legitimidad de origen. Nos referimos a la legitimidad que tiene y debe tener un presidente elegido democráticamente en elecciones libres.
Es una protección justificada el apoyo a un presidente elegido en democracia. No obstante llama la atención que la Comunidad internacional, con los presidentes de los Estados y los Organismos Internacionales no defiendan asimismo el cumplimiento irrestricto de los principios democráticos cuando éstos son violados por los presidentes elegidos en esas legales condiciones.
Reformar las Constituciones locales para permitir la reelección indefinida, impedir que legisladores o funcionarios elegidos también en elecciones libres y democráticas asuman su cargo reemplazándolos por otros afines a sus apetencias, cambiar las fechas de las elecciones, cerrar cadenas de televisión y demás medios por ser opositoras al gobierno, violar el principio de independencia de los poderes concentrándolo en el ejecutivo y presionar al Congreso y al Poder Judicial para que actúen según la voluntad del presidente de turno, el financiamiento de las campañas de algunos presidentes por parte de grupos terroristas, no configuran al parecer para la Comunidad y los Organismos Internacionales violaciones a los principios democráticos. Principios esenciales para el desarrollo de la democracia que son violados en países de la región sin que nadie diga o haga nada para protegerlos e impedir su violación por los mismos presidentes de la región que a los gritos se proclaman defensores de la democracia.
Supuestamente para la defensa del sistema y sus principios manifiestan que para que la democracia sea plena hay que respetar la continuidad del presidente, asegurando que de esa forma se impedirá que ocurran hechos como los sucedidos en Honduras.
Cuanta hipocresía cuando al tiempo que se dice eso se siga permitiendo mediante el silencio, la continuidad de una de las dictaduras más antiguas como es Cuba, seguida por Venezuela, Bolivia, Ecuador y El Salvador, hablando solo de Latinoamérica, gobiernos que violan en forma absoluta las constituciones de sus países.
¿Será que las dictaduras aparentemente de izquierda no son una tragedia, ni configuran una violación a los derechos humanos para la Comunidad Internacional, los presidentes de los Estados y los organismos internacionales y son tomadas como un status alternativo a la democracia plena?
Repasemos al respecto algunos artículos de la Constitución de Honduras para tener un panorama más claro:
El artículo 239 de la Constitución de Honduras sostiene: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.”
El artículo 4 señala: "...La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria.”
Art. 374.- “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”.
Art. 102.- "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero"
A nuestro criterio este artículo quita legalidad a todo el proceso liderado por la Corte Suprema, Roberto Micheletti y los militares que hasta ese momento se había ajustado a lo plasmado a la Constitución de Honduras.
No obstante pesan sobre el destituido 18 acusaciones y el gobierno de Micheletti pide que se presente a la justicia para responder por estos cargos.
Sorprende la poca coherencia de la Comunidad Internacional para arbitrar las medidas necesarias que solucionen esta crisis que afecta a Honduras. Zelaya en forma más que imprudente y apoyado al parecer por Chávez y Lula se presentó y solicitó refugio en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras, cuando el pedido de asilo le fue acordado desde allí hizo llamados a la violencia gritando: "Patria o Muerte" lo cual lo hace a él responsable de las muertes acecidas, ya que mientras estaba a buen resguardo en suelo de Brasil en Honduras, sus defensores daban la vida por su causa, lo cual es lamentable.
Todos y cada uno de los presidentes reunidos en la ONU, han hecho llamados apoyando a Zelaya y pidiendo su restitución al cargo presidencial, pero ninguno ha hecho un llamado general a cumplir los "Principios Democráticos" que debieran ser inviolables, inmodificables no solo por Zelaya sino por la mayoría de ellos, que los han violado continuamente en estos años mientras ponen el grito en el cielo cuando uno de sus aliados es sorprendido in-fraganti violando dichos principios que forman parte de la democracia, resultando destituido en forma irregular y nada clara.
Creemos que muchos de estos mandatarios, cuya manera de gobernar está alejada de los preceptos democráticos, temen que una acción similar a la de Honduras pueda suceder en sus países y éste es el principal motivo por el cual apoyan a Zelaya. No es su destitución la que los asusta, los 18 cargos de los que se lo acusa al ex presidente más las violaciones reiteradas a la Constitución hondureña justifican en gran medida que sea la justicia internacional la que atienda el caso.
En Argentina, es mucho lo que se dirime en tribunales sobre enriquecimientos ilícitos, corrupciones varias, violaciones a los principios constitucionales, ¿llegará la hora en que quiénes tengan que administrar la ley y el cumplimiento de las normas establecidas para una sana convivencia se atrevan a aplicarlas?
Alejandro Olmedo Zumarán.
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