"Declaraciones que no hacen bien a nadie"
POR DEMAS desconcertantes son las declaraciones que días atrás formulara una alta integrante del Poder Judicial, al tomar posición frente a la dramática situación de inseguridad que padece la sociedad argentina. La doctora Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema de Justicia, dijo que se decidió brindar protección oficial a un conjunto de delincuentes juveniles por considerar que si se los liberaba, se convertirían en un blanco móvil. Supuestamente, de las fuerzas del orden. Lo cual implica una infundada descalificación.
LO REAL es que a diario comprobamos que no son jóvenes delincuentes los que constituyen un blanco móvil, sino que quien asume ese papel es la sociedad, y en especial los más débiles, los que, llevando una vida digna, no tienen armas para defenderse. Ancianos, adolescentes, niños constituyen el blanco móvil e inmóvil de los descontrolados delincuentes. Gente de bien asesinada, saqueada y vejada en medio de una morbosa impiedad.
CUALQUIER ciudadano honrado entiende que la Justicia debe velar por ellos, no por quienes impunemente los ultrajan y los matan. Pero la óptica oficial, en este caso, da la sensación de haber perdido el rumbo. O, al menos, de estar profundamente confundida. No quita ello que le preocupe a un magistrado la situación de los delincuentes jóvenes. Sobre todo si, en algún caso o en muchos, soportan una deficiente formación por proceder de zonas marginales.
LA MARGINACION social es de por sí también un grave delito. Pero que no se soluciona con amparar a los que ejercen contra el prójimo una irracional crueldad. Cabe exigir al Estado, además de auspiciar políticas capaces de superar tales abismos sociales, la creación urgente de establecimientos adecuados para la contención de quienes eligieron, con perfidia, el camino de la ilegalidad.
DECIMOS CONTENCION porque la recuperación es mucho más compleja. Hace pocos años, pasó por nuestra ciudad una destacada experta en la materia, de origen inglés, formada en las principales universidades de Inglaterra y Canadá, quien brindó sus conocimientos y sus experiencias contundentes al respecto. Sostuvo que las personas que caen en conductas aberrantes o de exacerbado sadismo y reinciden en ella, rara vez se recuperan. En verdad, opinaba que jamás se los puede considerar recuperados. Y contaba que, después de años de lucha, cuando suponían rescatada a una persona, imprevistamente volvía a reincidir.
ES COMO si quienes se instalan en esas latitudes extremas hubieran amputado definitivamente sus valores éticos y no los podrán reactivar jamás. Lo cual quiere decir que, cuando un juez ordena la liberación de un menor y lo reinserta en su hábitat degradado, ya lo está condenando a persistir sin límites en su carrera delictiva sin retorno. La impunidad facilitará aún más su identificación con la ilegalidad y la pérdida de los frenos tantos legales como éticos.
SI SE PUEDE y se debe exigir a los otros poderes del Estado que organicen urgentemente establecimientos penales de recuperación en edad temprana, destinando recursos adecuados a ese fin. Pero parece fácil, dentro de nuestro concupiscente sistema político, gastar enormes sumas en ejércitos de ñoquis antes que en imperiosas metas sociales. La dirigencia, en general, permanece inmunizada ante demandas tan apremiantes como las mencionadas.
CABE LUCHAR a través del sistema democrático para superar la inequidad social y acudir con presteza digna en auxilio de los más menesterosos. Pero lo que no parece racional es que la Justicia confunda la realidad, al extremo de proteger el salvajismo voluntario de los victimarios, antes que brindar toda su ayuda --como establecen los códigos-- a las víctimas de una crueldad delictiva generalizada y hasta ahora incontrolable.
EDITORIAL DEL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA DE BAHÍA BLANCA. 14/12/08.
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