¿EN LA ARGENTINA LOS DERECHOS HUMANOS ALCANZAN A TODOS?

El título de nuestro artículo intenta responder una pregunta cuya respuesta, si investigamos lo ocurrido las últimas décadas, será negativa.
Luego de repasar la presente exposición, comprobaremos que los derechos humanos se han aplicado selectivamente solo a algunos seres humanos.
La Dra. Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTIV) en un artículo titulado: "Lesa Humanidad el Delito que no es", se refiere al dictado del decreto 157/83 durante el gobierno de Raúl Alfonsín "mediante el cual se declaró la necesidad de perseguir penalmente a diversos terroristas, imputándoles delitos comunes y luego el 158/83 fue el que decretó el juzgamiento de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que integraron las juntas a partir del 24 de marzo de 1976 y les imputó delitos comunes derivados de haber llevado a cabo un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales, evitando de esta manera la aplicación del derecho de guerra en cuyo exclusivo ámbito correspondía evaluar al respuesta ordenada por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón a la guerra revolucionaria desatada por las organizaciones armadas que pretendían tomar el poder por la violencia, tal como figuraba en los considerandos del decreto 157/83".
No es la intención del presente análisis debatir si fué o no correcto juzgar por el derecho común a los militares acusados y condenados por violar los derechos humanos. Lo que planteamos es si corresponde o no juzgar por violaciones a los derechos humanos a quienes formaron parte de organizaciones terroristas que intentaron mediante las armas y la violencia salvaje derrocar gobiernos democráticos cometiendo 21642 atentados terroristas ( para algunos documentos fueron 21655) y 1501 asesinatos según surge de la sentencia del Juicio a los Comandantes de las Juntas Militares y por consiguiente dejar olvidadas a miles de víctimas y sus familiares que claman por justicia, cuyos derechos humanos han sido violados impunemente.
Hoy 35 años después ni un solo responsable de los mismos está detenido, y peor aún, ni está siendo juzgado.
Recordando nuevamente el artículo "Lesa Humanidad... El delito que no es" en el mismo se reproducen las palabras de Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas que con gran claridad en su informe de abril de 2006 expresó: "Una de las maneras más elocuentes de expresar que el terrorismo es inaceptable es dirigir nuestra atención hacia sus víctimas, y asegurar que sus voces sean oídas. Nuestra meta debe ser reducir el atractivo del terrorismo, reivindicando la inviolabilidad de los civiles y tratando a sus víctimas con justicia, dignidad y compasión"
Si tomamos en cuenta estas palabras en 35 años no se ha dirigido jamás en la Argentina la atención hacia las víctimas del terrorismo subversivo. No se los ha escuchado, ni tratado con compasión, por el contrario se los ha ignorado de una forma tan absoluta, que no admite justificación alguna.
Si entramos a la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la sección Organismos de Derechos Humanos figuran muchas organizaciones que defienden los derechos humanos de quienes sufrieron violaciones a los mismos, sin que figure el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).
¿Acaso éstas víctimas no tienen derecho a que las violaciones a los derechos humanos que han sufrido sean reparadas y sus responsables juzgados?
Opinamos que así como el 26 de mayo de 1973 el estado argentino colaboró con la actividad terrorista declarando la ley de amnistía que liberó a los terroristas que habían sido detenidos y juzgados por la Cámara Federal disuelta con la sanción de esta ley y de ahí hacia adelante se produjeron un promedio de siete atentados terroristas por día hasta junio de 1973, en la actualidad también el estado nacional colabora no juzgando a estos terroristas que violaron los derechos humanos y llevaron a cabo un conflicto armado en el que atacaron sistemáticamente y sin distinción a la población civil.
Continuando con el repaso de la historia veremos que en el gobierno de Carlos Menem los indultos como el decreto 2741/90 fueron dirigidos a los militares violadores de los derechos humanos y también otros para amnistiar a terroristas: por ejemplo el 2003/89.
En junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por ser inconstitucionales y en junio de 2006 la Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto 2741/90, no obstante nunca se declaró nula la parte de un decreto que amnistiaba a terroristas, como por ejemplo el 2003/89.
A partir de 2003 el gobierno argentino emprendió una tarea destinada a reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 sin jamas poner en tela de juicio los aberrantes crímenes perpetrados por los terroristas.
Unos pocos funcionarios judiciales que no llegan a completar los dedos de una mano han declarado un solo caso, entre los miles de crímenes cometidos por el terrorismo subversivo como de lesa humanidad y son el Fiscal General de Rosario Claudio Palacín, el juez subrogante Suter Shneider y el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque quien confirmó el trámite procesal que llevó a cabo el fiscal Palacín declarando el crimen del Coronel Argentino del Valle Larrabure a manos del ejercito del pueblo (ERP), quien fue secuestrado, torturado durante 372 días y luego asesinado, como de lesa humanidad.
Otro funcionario que ha declarado que los crímenes de la dictadura militar como los de la Triple A y los de las organizaciones terroristas son de lesa humanidad es el Jefe de los Fiscales de la Corte Penal Internacional de la Haya, Dr. Luis Moreno Ocampo, ex fiscal en el juicio a las juntas militares.
Cuando nos enteramos que el Procurador General de la Nación presentó la resolución 158/07 solicitando a los fiscales que no consideren delitos de lesa humanidad los crímenes del terrorismo subversivo siendo que en 1973 era ministro del interior del gobierno de Campora y uno de los mentores de la amnistía, nos invade una cuasi certeza que la intención es seguir olvidando, ignorando y discriminando a las víctimas del terrorismo subversivo de los años 70.
Para finalizar no cabe otra conclusión y es que por decisión de los diferentes gobiernos pasados y presente, en la República Argentina que se manifiesta pionera y líder en la defensa de los derechos humanos, solo es posible invocar los derechos de solo una de las partes vulneradas por estas violaciones. Durante más de 35 años encontramos miles de crímenes cometidos por las organizaciones terroristas de los años 70 que ni siquiera han sido consideradas por el poder judicial, los autores siguen libres sin que haya la menor posibilidad no solo de ser juzgados, inhabilitados y condenados, sino que gozan de inmunidades y premios que muestran a las claras que los derechos humanos son solo para ellos y no para todos.
¿Por qué?
La respuesta la tienen que dar las autoridades nacionales y en este caso no es aceptable el argumento injustificable de la prescripción ya que al ser delitos de lesa humanidad aquí y en cualquier lugar del mundo civilizado donde se respetan los derechos humanos la prescripción no es oponible. Solo resta mantener viva la memoria para hacer lo que no se ha hecho, nunca es tarde y menos para la justicia.

Alejandro Olmedo Zumarán.

DECLARACIONES.

Ya es una costumbre escuchar declaraciones de la cortesana Carmen Argibay, su último aporte a la claridad nacional ha sido el siguiente:
"La sociedad está muy nerviosa con el tema de la inseguridad"
Días atrás el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli nos deleitó con su agudo sentido de la percepción al advertir que se mata por matar.
Más allá de estos derroches de intelectualidad a que nos tienen acostumbrados quienes dirigen los destinos de nuestra Nación, entiendo que además de la inseguridad y de haber advertido hace tiempo que se mata por matar, la sociedad está nerviosa porque no tiene la seguridad sobre quién es el presidente de la Nación, formalmente se sabe pero en los hechos no. Tampoco se sabe ni se tiene seguridad cómo terminará quién hoy despotrica contra todos y a su vez todos despotricamos más asiduamente contra quien pregona la intolerancia, el desprecio, el revanchismo y la división constante de los argentinos.
La sociedad está nerviosa porque un gobierno no puede basar su programa en anuncios falaces y querer descalificar mediante chicanas a quienes se le oponen o piensan diferente. Asimismo el hecho de imputarle hechos repudiables a los opositores no desestima ni hace desaparecer los escándalos que han envuelto a quién cada día se lo nota más solo, descontrolado y fuera de lugar.

Alejandro Olmedo Zumarán.

LUCÍA UNA GENIA QUE LE GANÓ AL SÍNDROME DE DOWN.

EN UNA ESCUELA COMUN DE GUALEGUAYCHU, ENTRE RIOS
Le ganó al síndrome de Down: es bachiller y mejor compañera
Lucía Galetto tiene 19 años. Cursó y estudió sin ventajas. Ahora se prepara para trabajar.
Por: Verónica Toller Fuente: GUALEGUAYCHU. ESPECIAL



TRIUNFO EN FAMILIA. LUCIA JUNTO A SUS PADRES, VERONICA Y JUAN, Y SUS TRES HERMANOS MENORES.

Sabe Computación. Escribe cuentos. Lee libros con placer. Sonríe y la luz ilumina su mirada de los anteojos. Lucía Recchia Galetto, tiene 19 años y acaba de terminar la escuela secundaria. Todo un logro. No sólo porque fue elegida mejor compañera por el resto de los alumnos sino porque tiene síndrome de Down, y terminó su 5° año en un establecimiento común.La Escuela Normal Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú forma parte de su vida: a los 4 años comenzó su escolaridad en la salita de 3 del Jardín; continuó luego allí la EGB 1, 2, 3 y el Polimodal. Y como repitió 4° grado, terminó a los 19 y no a los 18."Yo me siento contenta por poder terminar la escuela. Gracias por todo, porque me hicieron ser feliz. Quiero decirles que me siento bien con ustedes y por eso estoy contenta. Son lo más lindo del mundo entero. ¡Esto es mi vida!", dijo Lucía a sus compañeros. Escribió un discurso que leyó con firmeza en el acto de colación de grados, frente a un auditorio completo de egresados, padres, docentes, directivos.Los abrazos y besos emocionados no tenían que ver solamente con el cariño: sucede que Lucía es la primera alumna Down que llega, en Entre Ríos, a terminar su escuela secundaria normal.Tiene tres hermanos menores. Ninguno con discapacidades. En cambio, con Lucía, adquirieron nuevas "capacidades": acompañan a su hermana, la apoyan, ayudan y la obligan a crecer, sin sobreprotegerla."Siempre supimos que nuestra hija debía hacer una vida normal, porque así se vive en sociedad. Si podía convivir en una familia con otras personas sin discapacidades, podía también perfectamente compartir con sus pares en otros ambientes como la escuela y el trabajo", dijo a Clarín su mamá, Verónica Galetto. Lo primero que hicieron con su marido y papá de Lucía, Pablo Recchia, fue buscar información. Se contactaron con la Asociación Síndrome de Down de la Argentina (ASDRA), y comprendieron que podían trabajar para que su hija no tuviera una vida segregada. A Lucía le tocó mostrar todo lo que era capaz de aprender. Verónica y Pablo crearon una estructura de apoyo en su propia ciudad.En la escuela encontró la comprensión y el profesionalismo de docentes y directivos quienes tuvieron, más de una vez, que estudiar para saber cómo abordarla. Lucía recibió la asistencia de una psicopedagoga que colaboraba con ella y con los docentes, una psicóloga y un ayudante de aula. Estudiaba con su mamá como los demás hijos, aunque siempre requería un poco más de tiempo. En cada materia seguía los contenidos comunes, con adaptaciones curriculares, en algunos casos, sobre todo en las evaluaciones."Ella aprendió estos años sobre la convivencia con los demás en los mismos ambientes. La diferencia enriquece y nos hace ser mejores personas -dicen Verónica y Pablo-. Fue elegida mejor compañera, con lo cual, sus compañeros le demostraron y nos demostraron que la experiencia de compartir la vida con Lucía no pasó desapercibida para ellos". No recuerdan sus padres que alguna vez haya sido discriminada en la escuela. "Sus compañeros e incluso sus padres siempre la trataron con respeto y la ayudaron -dicen agradecidos-. Con los docentes, hubo experiencias buenas y otras no tanto. Pero todo ha sido aprendizaje. Lucía les dejó su huella. Incluso en quienes no estaban de acuerdo con que ella concurriera a la escuela". Ahora, va a comenzar a formarse para el trabajo, hasta encontrar lo que le gusta. "En otros tiempos, pensar que alguien con síndrome de Down iba a terminar la secundaria parecía una utopía -comentan Pablo y Verónica-. Habrá que seguir creyendo en ellas".

"DECLARACIONES QUE NO HACEN BIEN A NADIE"

"Declaraciones que no hacen bien a nadie"

POR DEMAS desconcertantes son las declaraciones que días atrás formulara una alta integrante del Poder Judicial, al tomar posición frente a la dramática situación de inseguridad que padece la sociedad argentina. La doctora Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema de Justicia, dijo que se decidió brindar protección oficial a un conjunto de delincuentes juveniles por considerar que si se los liberaba, se convertirían en un blanco móvil. Supuestamente, de las fuerzas del orden. Lo cual implica una infundada descalificación.
LO REAL es que a diario comprobamos que no son jóvenes delincuentes los que constituyen un blanco móvil, sino que quien asume ese papel es la sociedad, y en especial los más débiles, los que, llevando una vida digna, no tienen armas para defenderse. Ancianos, adolescentes, niños constituyen el blanco móvil e inmóvil de los descontrolados delincuentes. Gente de bien asesinada, saqueada y vejada en medio de una morbosa impiedad.
CUALQUIER ciudadano honrado entiende que la Justicia debe velar por ellos, no por quienes impunemente los ultrajan y los matan. Pero la óptica oficial, en este caso, da la sensación de haber perdido el rumbo. O, al menos, de estar profundamente confundida. No quita ello que le preocupe a un magistrado la situación de los delincuentes jóvenes. Sobre todo si, en algún caso o en muchos, soportan una deficiente formación por proceder de zonas marginales.
LA MARGINACION social es de por sí también un grave delito. Pero que no se soluciona con amparar a los que ejercen contra el prójimo una irracional crueldad. Cabe exigir al Estado, además de auspiciar políticas capaces de superar tales abismos sociales, la creación urgente de establecimientos adecuados para la contención de quienes eligieron, con perfidia, el camino de la ilegalidad.
DECIMOS CONTENCION porque la recuperación es mucho más compleja. Hace pocos años, pasó por nuestra ciudad una destacada experta en la materia, de origen inglés, formada en las principales universidades de Inglaterra y Canadá, quien brindó sus conocimientos y sus experiencias contundentes al respecto. Sostuvo que las personas que caen en conductas aberrantes o de exacerbado sadismo y reinciden en ella, rara vez se recuperan. En verdad, opinaba que jamás se los puede considerar recuperados. Y contaba que, después de años de lucha, cuando suponían rescatada a una persona, imprevistamente volvía a reincidir.
ES COMO si quienes se instalan en esas latitudes extremas hubieran amputado definitivamente sus valores éticos y no los podrán reactivar jamás. Lo cual quiere decir que, cuando un juez ordena la liberación de un menor y lo reinserta en su hábitat degradado, ya lo está condenando a persistir sin límites en su carrera delictiva sin retorno. La impunidad facilitará aún más su identificación con la ilegalidad y la pérdida de los frenos tantos legales como éticos.
SI SE PUEDE y se debe exigir a los otros poderes del Estado que organicen urgentemente establecimientos penales de recuperación en edad temprana, destinando recursos adecuados a ese fin. Pero parece fácil, dentro de nuestro concupiscente sistema político, gastar enormes sumas en ejércitos de ñoquis antes que en imperiosas metas sociales. La dirigencia, en general, permanece inmunizada ante demandas tan apremiantes como las mencionadas.
CABE LUCHAR a través del sistema democrático para superar la inequidad social y acudir con presteza digna en auxilio de los más menesterosos. Pero lo que no parece racional es que la Justicia confunda la realidad, al extremo de proteger el salvajismo voluntario de los victimarios, antes que brindar toda su ayuda --como establecen los códigos-- a las víctimas de una crueldad delictiva generalizada y hasta ahora incontrolable.

EDITORIAL DEL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA DE BAHÍA BLANCA. 14/12/08.

"FRASES DE ANTOLOGÍA"

Una frase de antología pronunció el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que denota un sesudo análisis y una perspicacia pocas veces vista en el mundo de los grandes estadistas.
"Se mata por matar" sentenció el gobernante.
Intelectuales, doctores en ciencias políticas, entusiastas de la cultura y las letras realizan en estos momentos predicciones sobre cuál sería su próximo anuncio.
"Se roba por robar"
"Se corrompe por corromper"
"Se miente por mentir"
"Se hacen anuncios por anunciar"
"Se viaja por viajar"
"Se firman acuerdos por firmar"

Alejandro Olmedo Zumarán.

RESPUESTA A G. O'DONNELL. "SON DE LESA HUMANIDAD"

En un solo punto disiento con la excelente nota realizada por Pablo Mendelevich al brillante politólogo Guillermo O'Donnell, publicada en La Nación el día 10 de diciembre.
Al llegar al tema de los crimenes cometidos por los terroristas subversivos en los años 70 expresa: "Aunque no sean crímenes de lesa humanidad en el sentido jurídico, es muy importante también recordar y no eximir de culpa de esta horrible violencia a todos sus perpetradores"
La tendencia internacional se vuelca a condenar al terrorismo como crimen de lesa humanidad provenga del estado o de una organización, tal como lo señala el artículo 7º del Estatuto de Roma.
Si para considerar al crimen como de lesa humanidad se sostiene la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, única en el planeta, para la que solo son delitos de lesa humanidad los cometidos por el aparato estatal, también los crímenes perpetrados por los terroristas en los años 70 alcanzan este requisito. El gobierno de 49 días de Héctor Cámpora colaboró con el terrorismo al sancionar la ley de amnistía en mayo de 1973 liberando a todos los terroristas que habían sido juzgados por la Cámara Federal a la cual disolvió y modificó el Código Penal reduciendo la pena por asesinar a jueces lo que provocó que entre el 23 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976 no hubiera un solo terrorista condenado. A esto hay que sumarle la colaboración de Cuba que con el financiamiento de Rusia albergó y entrenó a miles de argentinos para que luego cometieran los 21642 atentados terroristas y mataran a 1501 personas, cifras que surgen de la sentencia del juicio a las juntas militares.
Que por razones obvias estos aberrantes delitos no sean juzgados en nuestro país por la justicia no significa que estos crímenes no son de lesa humanidad en sentido jurídico, lo fueron, lo son y lo serán por siempre, solo resta que la justicia actúe.

Alejandro Olmedo Zumarán.

MENORES: ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

El niño por nacer se convierte en el ser humano más discriminado del planeta, al extremo que su vida puede ser eliminada legalmente, cuando la portadora por el mero hecho de disponer de su cuerpo, puede suprimir la vida de ese indefenso ser.
Al mismo tiempo, en el trágico presente de la Argentina, se discute si los menores de edad deben ser responsabilizados penalmente por sus crímenes.
La teoría políticamente correcta, estipula que bajar la edad de la imputabilidad de los menores no solucionará este grave problema.
Por otro lado, como ocurre habitualmente en nuestro país, cuando de valores morales se trata, ni los que están de acuerdo se ponen de acuerdo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha revocado un fallo de la Cámara de Casación que ordenaba liberar a sesenta menores detenidos en el Instituto San Martín.
Los críticos señalan que dicho fallo es aberrante porque la Ley de Minoridad 22.278 fue sancionada en 1980 durante la dictadura y determina que los menores de 14 a 16 años son considerados inimputables en la Argentina, no obstante lo cual faculta a los jueces a internar a los chicos de esa edad que delinquen, en Institutos que mantienen a dichos menores privados de su libertad, violando su derecho de defensa.
Por otro lado, los defensores del fallo de la Corte Suprema, sostienen que no se puede liberar estos chicos dado que al volverlos a la calle serían blanco de los móviles del gatillo fácil que existe en la Argentina.
¡Qué contradicción enorme y desmesurada!
Si volvemos a la comparación inicial los adolescentes que roban, secuestran, torturan, trafican droga, violan y matan mantienen en vilo a abogados, jueces y defensores de derechos humanos que bregan para que se respete su derecho a la defensa, su derecho a la vida y que sean inimputables penalmente, mientras "El niño por nacer", que ni siquiera puede opinar, es eliminado lisa y llanamente de este mundo.
En la antigüedad se mataba a los que nacían enfermos. En estos días ni siquiera algunos pueden nacer argumentando los derechos de un tercero, pero al mismo tiempo se hace lo posible, y es correcto que se haga, por proteger los derechos de adolescentes que repito, roban, secuestran, torturan, trafican drogas, violan y matan.
Está muy bien que se respeten sus derechos y se haga todo lo posible para reintegrarlos a la sociedad para que en algún momento puedan estudiar, trabajar, tener una familia y vivir dignamente.
¿En concreto qué se ha hecho por parte de los funcionarios y autoridades nacionales para solucionar el problema de la delincuencia juvenil?
Nada se ha hecho, es la respuesta, si tomamos en cuenta los hechos delictivos que llegan a nuestro conocimiento no solo por los medios sino en forma directa, porque a esta altura todos o casi todos hemos sido víctimas de algún daño, o conocemos a alguien que ha sido víctima de estos crímenes.
Los argumentos de que el egoísmo de una sociedad cruel es el creador de éstas almas descarriadas y que bajar la edad de imputabilidad de los menores nada solucionará, tampoco parecen ser una solución.
La delincuencia juvenil ha aumentado y seguirá incrementándose mientras estos menores delincuentes tengan la seguridad de que entrarán por una puerta y saldrán por la otra ya sea de un instituto o directamente del lugar donde estén temporariamente alojados.
Mientras el sistema siga creando en la población la sensación que todo lo relacionado con la autoridad y las fuerzas de orden es malo, esto no tendrá solución.
No sería extraño pensar que dentro de poco tiempo se plantease el tema de abolir las cárceles, los procesos penales y hasta el Código Penal que en la práctica ni se aplica.
Cuándo hablamos de esta manera con distintos grupos nos califican de ser partidarios de la mano dura y de querer agravar las penas, argumentos poco sustentables que no se ajustan a la realidad ya que lo que solicitamos es que se aplique la ley escrita, como por ejemplo el casi derogado Código Penal y la Constitución Nacional.
Mientras desde los escritorios, los funcionarios que tienen seguridad pagada por el estado proveniente del dinero de los contribuyentes se evalúen soluciones y se expongan teorías absurdas sobre los motivos de la delincuencia juvenil, ningún tipo de delincuencia disminuirá.
Al parecer ocupan su tiempo en legalizar que no nazcan niños eliminándolos bárbaramente, sin hacer nada valioso por los menores delincuentes y menos por sus víctimas, que aumentan día a día.
¿Hacia dónde vamos?
Quien tenga la respuesta seguramente deberá confrontarla con la triste realidad que nos sumerge en la mas lamentable de las desesperanzas.

Alejandro Olmedo Zumarán.

"CAPITALES, INVERSIONES Y FICCIONES"

Según el gobierno primero vinieron los Chinos y ofrecieron invertir 20000 U$S millones de dólares, a esto hay que sumar las retenciones a la soja y granos, si seguimos sumando habría que agregar los 33.000 millones de dólares incautados a las AFJP y como corolario el gobierno ruso, esto también en carácter supuesto, invertirá 500 millones de dólares en negocios petroleros.
¿ A todo esto cómo puede ser que con tantos millones de dólares y los que obvié de mencionar la Argentina tenga cada vez más pobreza, más inseguridad, más analfabetismo, más mortalidad infantil, en una palabra más miseria?
¿Adónde van todos estos miles de millones?
¿A los pobres?
¿A los indigentes?
Por lo visto no.
¿Cuál es el destino final de estos millones que son patrimonio del pueblo y no de un puñado de amigos?
¡Ah me olvidaba también se repatriaron supuestamente los 530 millones de dólares correspondientes a los fondos de Santa Cruz!
¿Adónde estarán?
Las preguntas comienzan nuevamente.
¿Algún día tendremos respuesta a tantos interrogantes?

Alejandro Olmedo Zumarán.

"DELINCUENCIA FÁCIL"

Mientras una cortesana anuncia que el dejar detenidos a sesenta adolescentes que han robado, secuestrado, violado, traficado droga y matado se debe a que no es justo dejarlos en libertad para que sean víctimas del gatillo fácil, la gente que trabaja, estudia o simplemente intenta vivir dignamente es asesinada por la "Delincuencia fácil". Sí esa delincuencia que roba, secuestra, viola, trafica droga y mata amparada en teorías absurdas expuestas por supuestos intelectuales que intentan convencernos de que estos momentáneos asesinos, que tienen más entradas a la policía que una prostituta al cabaret, son producto de una sociedad injusta que los creó y que nada solucionará bajar la edad de imputabilidad de los menores. Mientras ante la ausencia de fuerzas de seguridad que nos protejan y funcionarios que apliquen las leyes los que sobrevivimos a esta política de la "Delincuencia fácil" hacemos marchas, hasta que nos toque a nosotros en algún momento.
¿Cuándo será el día que los políticos, funcionarios, legisladores y jueces se ocupen realmente de la sociedad y dejen de lado sus intereses personales?

Alejandro Olmedo Zumarán.

SOLO NOS QUEDAN LAS MARCHAS.

Ante la masacre de nuestros seres queridos por parte de delincuentes que cuentan con el visto bueno del sistema, lo único que podemos hacer ya que las autoridades nada hacen es una marcha luego de que uno de nuestros hijos sea asesinado. El señor Carlos González hermano de Rodolfo, asesinado hace unos días en Saavedra dijo a una radio porteña: "Yo nunca pensé que me iba a llegar a mi"
Creo que la mayoría pensamos lo mismo y cuando la desgracia sucede se pueden hacer marchas y protestas pero la vida arrancada salvajemente de este mundo no volverá. Podremos llenar plazas y centros urbanos pidiendo justicia pero al parecer esto no provoca el más mínimo sentimiento de solidaridad y de impartir justicia por parte de autoridad alguna.
¿Qué tiene que ocurrir para que el gobierno tome conciencia de que somos asesinados como ratas más allá de que estime esto como una sensación?
Los ciudadanos no debemos tolerar que estos funcionarios nos sigan tomando el pelo mientras ellos y sus familiares gozan de seguridad pagada con nuestros impuestos y nada hacen para solucionar este presente de secuestros, violaciones, robos y asesinatos que son amparados con interpretaciones absurdas de una ley que no se cumple ni respeta.

Alejandro Olmedo Zumarán.