PAPELONES.

El escándaloso discurso de una aparente “defensora de los derechos humanos” incitando a tomar el Palacio de Tribunales contó con la complicidad eufórica de conocidas figuras algunas de las cuales luego se arrepintieron ante tanta grosería y apología. Lo sorprendente es que hasta el momento el gobierno no haya salido a repudiar ese discurso subversivo. Sumado ese silencio a la decisión de conceder asilo político a un terrorista y asesino convicto ante la justicia chilena, nos revela que estamos viviendo en un nuevo sistema en la región.

Gobernados los países del Unasur, en su gran mayoría, por sujetos que participaron o apoyaron las organizaciones terroristas de los 70 que querían derrocar gobiernos democráticos elegidos constitucionalmente, intentan gobernar en la actualidad con un sistema donde el poder preponderante es el del Presidente de la Nación por sobre los otros dos poderes que acompañan lo que decide el primero.

Y ante el caso de oponerse a alguno de estos poderes a las decisiones del Ejecutivo inmediatamente se ven calificados de golpistas, represores, gente de derecha o fascistas.
Paralelamente la Comunidad Internacional y los organismos en defensa de los derechos humanos latinoaméricanos se manifiestan rápidamente acongojados ante supuestos "Golpe de Estado" y expresan el peligro que acaecería de tenér éxito estos supuestos "Golpes de Estado" que pretenden terminar con un gobierno democrático elegido por los votos.

Allí pareciera terminar el interés de estos organismos y defensores de las distintas democracias latinoaméricanas.

Al parecer, para ellos, la democracia se ha transformado en un sistema cuya única garantía a respetar son las elecciones, sin dar mayor importancia al incumplimiento de los Principios Constitucionales, principios cuyo respeto y cumplimiento queda a discreción de quién gane dichas elecciones.

El voto es, en este tipo de democracias, el pasaporte para que los gobernantes hagan lo que quieran con las distintas constituciones que rigen en sus países y cumplan, si lo desean, con los distintos principios y garantías de una democracia.

Es así como se explica que selectivamente cumplan o no con las leyes, según sus destinatarios sean amigos o enemigos. Ni siquiera se podrían llamar amigos a esos circunstanciales aliados. A estos las leyes no se les aplicarán y buscarán los subterfugios más inverosímiles para sostener esta postura.

Como ejemplo reciente está el rechazo del pedido de extradición a un terrorista y asesino por parte del gobierno argentino.

Si este hombre fuera una persona calificada como disidente del pensamiento oficial, seguramente la extradición hubiese sido concedida sin ninguna demora o trámite particular.

Estos hechos que además de violar las leyes internas violan las leyes internacionales y el derecho internacional humanitario, no son consideradas graves violaciones al sistema democrático por los organismos internacionales que defienden la democracia. Según algunos de sus integrantes, solo corresponde intervenir cuando hay peligro de un golpe.

En esos países puede haber violaciones a los derechos humanos para con los opositores, violaciones al principio de independencia de los poderes, corrupción y narcotráfico al más alto nivel donde se vean involucrados los más altos funcionarios o haberse cometido fraudes electorales que son conocidos en el mundo entero, declaraciones en contra de los principios democráticos por parte de algunos de sus presidentes y otros hechos más que develan que lo único que se cumple en estos países es la votación programada cada cuatro,cinco o seis años, según el país, para elegir presidente.

Luego de esto, quien logró la mayoría, podrá cometer todo tipo de atropellos, tanto mediante el manejo arbitrario y corrupto de los dineros públicos e incluso destituir funcionarios opositores, como gobernadores, alcaldes y funcionarios del poder judicial. En estos casos, los organismos internacionales defensores de la democracia, no intervienen, ellos lo hacen ante el peligro de un golpe, nada más.

Mientras tanto los países que atraviesan estos períodos deben soportar una Justicia, un Congreso, una prensa y gran parte de las instituciones amilanadas por quien en estos momentos se desempeña al frente del poder ejecutivo, acompañado por un grupo de complices que dan marco a la gestión.

Queda claro que lo hecho por estos organismos que supuestamente defienden la democracia no es justamente defenderla, sino tal vez estar atentos a que no haya un golpe. Lo cual es correcto. Lo que es incorrecto y repudiable es que permitan y apoyen que populistas y tiranos hagan lo que les venga en ganas con todos aquellos principios que son la esencia de cualquier régimen democrático intentando imponer regímenes que lejos están de lo que se conoce con el nombre de democracia.

En esto están en deuda con toda la región, ya que la mayoría de quienes presiden los paises que la integran no respetan ni cumplen con las leyes y sus respectivas Constituciones.

Lamentablemente tenemos que concluir que, salvo honrosas excepciones no están a la altura de las circunstancias.

Alejandro Olmedo Zumarán.